PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO

A nuestra oficina llegan con cierta frecuencia consultas sobre litigios en torno a la posesión de terrenos rústicos, casas de herencias, etc. Incluso entre colegas existen discrepancias sobre si en determinados casos aplica o no la figura jurídica de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio.

Al respecto, hemos resumido las condiciones ‘sine qua non’ para que un posesionario de un bien raíz pueda alegar la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio a su favor.

Desde luego, esta información no sustituye la asesoría jurídica directa y específica a su caso, tan solo es meramente orientativa.

1.-Que el posesionario esté en posesión del bien inmueble por el tiempo y las condiciones que especifica el Código Civil, es decir por 15 años o más (art. 2411), de forma ininterrumpida (arts. 2401, 2402, 2403, tomar en cuenta que pueden darse interrupciones naturales como inundaciones, o civiles como un juicio de reivindicación), y de forma pública y pacífica (arts. 724, 725, 726, 727, 728).

2.-Que dicha posesión sea con ánimo de ‘señor y dueño’. La mera tenencia de la cosa (usuario, usufructuario, derecho de habitación, entre otros), no justifica la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. El ánimo de señor y dueño se demuestra ejerciendo plena voluntad y autoridad en el manejo del bien inmueble sin tener en cuenta el consentimiento de nadie más, y con acciones evidentes como por ejemplo cortar árboles, sembrar de forma permanente, construir edificaciones, hacer cerramientos, pastorear ganado continuamente, etc.

3.-Que el bien inmueble tenga plenamente demarcado sus linderos, es decir que sea un cuerpo cierto.

4.-Título de dominio del bien inmueble de la persona (natural o jurídica) contra quien se demanda la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, (legítimo contradictor).

Una vez reunidos estos requisitos, se puede emprender una demanda por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio; caso contrario las autoridades competentes o bien no admitirán la demanda, o una vez admitida, existe alta probabilidad de perder el juicio.

Para consultas, procesos o trámites, puede contactarnos al whatsapp: 0998725157; al correo electrónico: nicoegaabogacia@gmail.com ; visitar nuestra página web: centrojuridicongya.blogspot.com , o acudir previa cita a nuestras oficinas ubicadas en las ciudades de Riobamba y Quito.

Abg. Nicolás Gualle

ASESOR JURÍDICO

UNIÓN DE HECHO

Existen muchas parejas en el país que conviven sin haber celebrado matrimonio legalmente; esto no tiene nada que ver con temas de carácter moral, lo cual es subjetivo y decisión personal de cada quien, sin embargo, trae efectos jurídicos en distintas circunstancias como compra de bienes raíces, vehículos, o la muerte de uno de los convivientes, etc.

La simple convivencia no otorga derechos y deberes respecto de los convivientes entre sí, a diferencia del matrimonio o de la unión de hecho legalmente establecida. De ésta última vamos a hablar en este artículo.

La unión de hecho (también conocida como ‘unión libre’) es una figura jurídica que se instauró en el Ecuador desde el año 1982 debido al alto porcentaje de parejas que, por una u otra razón, decidían no contraer nupcias de forma legal, lo que acarreaba problemas de legalidad para ciertos actos y contratos del núcleo familiar.

Después de varias reformas al Código Civil ecuatoriano, finalmente la unión de hecho ha quedado establecida de la siguiente manera:

“Art. 222.- La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala éste Código, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal. La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de bienes.”

Para que la unión de hecho pueda ser reconocida legalmente, deben concurrir los siguientes requisitos:

·        Que los convivientes sean un hombre y una mujer;

·        Que ambos sean mayores de edad;

·        Que estén libres de vínculo matrimonial, es decir pueden ser solteros, divorciados, viudos;

·        La convivencia de la pareja debe ser de forma estable por más de dos años;

·        La pareja deberá tratarse como ‘marido y mujer’ en sus relaciones sociales, ya sea ante familiares, amigos, vecinos, etc.;

·        Que se siga el trámite correspondiente para su reconocimiento legal, ya sea por medio de la vía judicial o de la vía notarial.

Una vez que se haya registrado la unión de hecho legalmente establecida, ésta genera una ‘sociedad de bienes’ entre la pareja, pudiendo así constituir patrimonio familiar en favor suyo o de sus descendientes, además uno de los dos deberá administrar dicha sociedad, tendrán derecho a los beneficios del Seguro Social, y al subsidio familiar y demás beneficios sociales establecidos para el cónyuge.

En el caso de que uno o los dos integrantes de la pareja decidan terminar la unión de hecho, se puede disolverla sin mayores contratiempos, ya sea por medios judiciales o notariales, a diferencia del matrimonio / divorcio que siempre será un trámite más extenso y oneroso.

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Abg. Nicolás Gualle

ASESOR JURÍDICO

CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

El Decreto Ejecutivo número 1017 expedido por el presidente de la República con fecha 16 de marzo del presente año, declaró el Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional debido a la pandemia del COVID19.

A partir de entonces, se están suscitando una serie de controversias legales en torno a cuestiones laborales, deudas bancarias, cobros de seguros, etc., aduciendo ‘caso fortuito o fuerza mayor’ por una de las partes en conflicto.

Para evitar suspicacias y posibles fraudes, vamos a revisar tres fuentes sobre lo que significa la figura jurídica de caso fortuito y fuerza mayor, para a partir de ahí, determinar cada caso concreto si aplica o no.

Definición del Código Civil vigente

“Art. 30.- Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”

“Art. 1574.-[…] La mora causada por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios.”

Según el jurisconsulto Guillermo Cabanellas de Torres, en la obra Diccionario Jurídico Elemental, se define a la fuerza mayor como: “Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que, previsto, no ha podido resistirse”; en tanto de caso fortuito lo define como: “El suceso inopinado, que no se puede prever ni resistir,”.

Diccionario de la Real Academia Española

Caso fortuito:

1. m. Suceso por lo común dañoso, que acontece por azar, sin poder imputar a nadie su origen.

2. m. Der. Suceso ajeno a la voluntad del obligado, que excusa el cumplimiento de obligaciones.

Fuerza mayor

f. Der. fuerza que, por no poderse prever o resistir, exime del cumplimiento de alguna obligación.

Hasta aquí hemos revisado tres definiciones de caso fortuito o fuerza mayor, resumiendo en que caso fortuito es un hecho imprevisible, que acontece inesperadamente, y la fuerza mayor un hecho irresistible, es decir inevitable.

Para efectos legales, es de suma importancia la definición exacta, interpretación y alegato en torno a estas figuras jurídicas para evitar, como lo dijimos, suspicacias y/o posibles fraudes.

Así, por ejemplo, en materia laboral, el art. 169, numeral 6 del Código del Trabajo dice: “Causas para la terminación del contrato individual. - El contrato individual de trabajo termina: 6. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar;”.

Sin embargo, no basta que el empleador alegue caso fortuito o fuerza mayor para despedir a sus trabajadores y/o evadir la liquidación que les corresponde por Ley, sino que DEBE JUSTIFICARLA LEGALMENTE Y CON DOCUMENTOS tributarios, notariales, etc., ya que el Código del Trabajo claramente expresa que ‘imposibiliten el trabajo’, es decir que la empresa o compañía tienen que cerrar sus actividades y operaciones mercantiles lo que se realiza de forma legal y documentada.

En otros casos como las deudas bancarias, los deudores no están obligados a pagar montos o intereses extras por los préstamos que no hayan podido cancelar entre el periodo que va del 16 de marzo al 16 de junio que es el lapso de vigencia del Estado de Excepción; en estos casos los acreedores y deudores deberán realizar novación de los créditos, sin ningún tipo de recargos adicionales.

Cada caso de despido intempestivo, deudas bancarias, etc., deberá ser analizado para ver si aplica o no la figura jurídica de caso fortuito y/o fuerza mayor, para así impartir justicia bajo los principios de ‘a cada persona lo que le corresponda’ y, ‘de cada quien según sus capacidades, a cada quien según sus necesidades’.

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Abg. Nicolás Gualle

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